Crisis del paradigma de seguridad social

En el número anterior de este boletín, comenzamos una pequeña campaña de denuncia y de propuesta, con la finalidad de dar a conocer con mayor certeza, que el actual modelo de seguridad social, las AFP, es realmente un modelo que no garantiza una pensión básica a todas y todos los trabajadores de este país.

Un motivo no menor que permite no contar con un fondo de pensión lo suficientemente solvente para financiar la vida inactiva de una trabajadora, han sido los desastrosos resultados de los acuerdos marco laborales, convenios instrumentales firmados por la CUT, gobierno y empresarios. Uno de los pilares fundamentales de dichos acuerdos, ha sido la flexibilización de las jornadas laborales y con ello las normas contractuales del trabajo, lo cual ha autorizado de manera realmente brutal el despido y contratos laborales por obra, faena (1) o a plazo fijo. Las conclusiones ciertas de adaptar los contratos de trabajo a las dinámicas laborales actuales, ha dado paso, a que presentemos en nuestra vida laboral activa, una seria de lagunas en las imposiciones que limita aun mas el financiamiento de nuestra vejez. Recordemos con esto, que fue el gobierno de Michelle Bachelet, quien promulgo la ley de subcontratación en el año 2006, concediendo la eventualidad de pagar salarios diferidos, aunque las trabajadoras realicen una misma actividad laboral.

Estas transformaciones han repercutido fuertemente en la caída del salario real de los trabajadores, impactando significativamente la economía familiar. Es cosa que nos preguntemos de la capacidad de compra del salario mínimo (159 mil pesos), considerando que la canasta básica familiar rodea los 350 mil pesos mensuales.

A 26 años que se cerraron las antiguas cajas de previsión para dar paso a las impotentes administradoras de fondos de pensiones, el cuadro social es desolador, no tan solo por que las AFP eliminaron los aportes de los empleadores y con esto una menor recaudación en nuestro patrimonio previsional, sino que desde que estallo la crisis financiera internacional en el duro invierno del 2007, las perdidas de nuestros fondos de pensiones hasta noviembre del año pasado, han alcanzado la dura cifra de 27 mil 937 millones de dólares, dinero, el cual es casi imposible recuperar. Es decir si UD esta entre los 320.768 personas mayores de 55 años próximas a jubilar y se encuentra en los fondos mas riesgosos, ha perdido menos de la mitad de sus fondos.

Un ejemplo, si UD es auxiliar del liceo “Las Carmelitas del Cielo”, donde ha trabajado 20 años seguidos, obteniendo como sueldo 150 mil pesos. UD tendrá una pensión de 57 mil pesos mensuales, y la perdida mensual será de 70.500. En cambio, si UD estuviera en el antiguo modelo (INP), recibirá como pensión mensual unos 127 mil pesos.

Lo que es peor, si bien hasta el momento nosotros hemos perdido plata en lo que va de esta crisis, no así las AFP, ya que al mismo tiempo en que se esfumaba gran parte de nuestros fondos previsionales, las AFP y sus compañías de seguros, embolsaron en comisiones y primas ¡9,3 billones de pesos!

En este sentido, como planteábamos en la editorial. Frente a un panorama de contracción económica, y con una política pública responsable en financiar la rentabilidad de las empresas. Quien se beneficia en una crisis, son los grandes conglomerados económicos, solventados curiosamente por los trabajadores de chile.

Este contradictorio escenario social, manifestado parcialmente por la “crisis del paradigma de seguridad social”, nos conduce a decir que: ¡las cosas no pueden continuar así!, aun más, si desciframos las restringidas medidas de la alentada reforma previsional, que no solo no considera un sistema de reparto alternativo a las AFP, manteniendo así, el monopolio de la previsión en manos privadas, sino que también extiende los años de trabajo de las mujeres a los 65 años, para luego recién postular a los beneficios…y por ultimo la entrega de “pensiones básicas y aportes complementarios”, sólo la entregaran a los sectores más pobres de la población. Esto tan solo nos plantea que el Estado de Chile, y en específico las arcas fiscales del gobierno, han sido diseñadas bajo una política distributiva, que modera significativamente la entrega de subsidios, por medio de la localización arbitraria de los segmentos mas empobrecidos de la sociedad. A propósito de esto, la encuesta CASEN del año 2007, estableció que la pobreza en chile ha bajado en los últimos 12 años, sin embargo, para llegar a esta conclusión los funcionarios del gobierno fijaron el mínimo de sobrevivencia en los ¡40 mil pesos mensuales!, cuando efectivamente para que una persona pueda vivir en chile requiere 130 mil pesos mensuales…Esto significa que el 80% de los chilenos es pobre, ya el 80% de la población en chile vive con menos de 130 mil pesos.

De esta manera el “proyecto estrella del gobierno” solo da cuenta del fracaso de la política social de este, anunciando con optimismo para las franjas del activo social, la posibilidad de platearse abiertamente un nuevo modelo de seguridad social, cuya finalidad sea dar cobertura y protección a las trabajadoras y trabajadores en sus contingencias sociales durante su vida activa laboral y después de ella, un sistema armónicamente integrado que asuma la invalidez, vejez y muerte. Pero sobre todo un proyecto fundado en las expectativas políticas de las grandes mayorías asalariadas de este país.

Alvaro Lártiga.
Socio del sindicato numero 1 de la COMUDEF.

(1) Es necesario destacar que los trabajadores sujetos a contratos por obra o faena se encuentran al margen de derechos fundamentales: el derecho a la indemnización por despido y el derecho a negociar colectivamente.