Las movilizaciones de comienzos del año recién pasado, tuvieron como uno de sus principales protagonistas a los docentes. La avanzada legislativa de la clase política dominante, instaló como nueva legislación marco el proyecto de ley general de educación (LGE), iniciativa legal criticada hasta el cansancio en cada instancia de movilización por estudiantes secundarios, docentes, trabajadores de la educación en general y organizaciones del mundo popular.
La presión ejercida por este movimiento, dio pasó a la construcción de un nuevo proyecto de ley que presenta como punto central el fortalecimiento del sistema público-privado de educación (Estado subsidiario). Fue este proyecto el que ha copó la agenda pública en torno a las temáticas educativas en los últimos meses del año 2008, presentándose como una de sus ideas centrales la formación de “Corporaciones locales de educación pública” que modificarían la estructura administrativa del actual sistema de educación pública. La propuesta se ha presentado a la luz pública como la esperada “desmunicipalización” de la educación, y a su vez como la real solución para acabar con la brecha extensamente comprobada entre niveles de aprendizaje y formulas de administración educativa.
Cabe señalar que esta indicación, es sólo un elemento dentro de una ley que pretende, al alero del nuevo marco legislativo en materia de educación en Chile (LGE, Superintendencia de educación, Agencia de calidad y el citado proyecto de ley), modificar las formas y orgánica del actual sistema educativo nacional por medio de la consolidación y mantención de la estructura subsidiaria –actualmente en Chile cerca del 90% de los sectores populares estudia en la educación municipalizada, sector que no posee ningún tipo de trato diferencial por parte del Estado.
Con respecto al punto central de este artículo, es necesario mencionar ciertas características propias de la nueva figura legal que se intentará implementar, para así lograr delinear determinadas apreciaciones en torno al cómo pueden ser abordadas estas reformas dentro de organización de los trabajadores de la educación.
En cuanto a los elementos prácticos la nueva normativa legal, se propone como primer componente a considerar el aumento de la subvención por alumno y a su vez la modificación en cuanto al sistema de entrega del monto, ya que se busca otorgar la subvención por alumno matriculado y no por asistencia. Estos dineros pasaran a ser administrados por las nuevas “Corporaciones Locales de Educación Pública” que tendrán a cargo en promedio a 15.000 alumnos. Estas corporaciones serán manejados por personal de los municipios que participen en ella (se considera de 2 a 3 comunas por corporación, esto depende de la cantidad de alumnos que cada una posea). Dentro de estos se consideran a concejales electos de cada municipio y a miembros del MINEDUC (2). La dirección de esta entidad estará a cargo de un miembro elegido por el consejo, el cual poseerá altas atribuciones administrativas. Su cargo es rotativo y probablemente recaerá en los alcaldes de las comunas involucradas. Las políticas educacionales generales recaerán en el “Servicio nacional de educación”.
Las nuevas corporaciones locales, no contemplan la participación directa de los actores educativos: profesores, asistentes de la educación, administrativos, estudiantes, etc. y a su vez tratan de resguardar la mayoría de los gobiernos locales (por medio de la participación de los concejales comunales) resaltando la idea de control local por medio de las autoridades electas en procesos representativos altamente cuestionados por los movimiento sociales. Es decir, la posibilidad de fortalecer la participación de las comunidades educativas locales por medio de la administración y fiscalización directa del proceso educativo, se aleja cada vez más.
Existen algunas puntualidades que debemos considerar con respecto a las indicaciones de esta ley. Por una parte, se señala que el traspaso de los docentes desde las corporaciones municipales hacia las nuevas corporaciones locales de educación pública, no implicaría la perdida de los años trabajados (“sin solución de continuidad”) ni tampoco modifica el marco legal (Estatuto docente) bajo el cual actualmente se sostienen los profesores en Chile. A su vez, todo trabajador que ingrese a las nuevas corporaciones en funciones no educativas, pasarán a regirse por las normas del Código del trabajo. Si bien, la ley no plantea derechamente la modificación del sistema legal vigente para los profesores, hay otros elementos que ponen en duda el espíritu de esta iniciativa, y estos se encuentran en la ley de subvención preferencial, la que propone en uno de sus artículos la eliminación del sumario como derecho de los profesores frente a la posibilidad de un despido. Este no es un hecho aislado y debe ser observado con prudencia y atención ya que la intencionalidad de la clase política es modificar, y en “mejor” de los casos eliminar, el Estatuto docente, buscando flexibilizar las normas y condiciones de empleo de los docentes en el país como una manera de precarizar su condición laboral.
En otro sentido, la formación de las corporaciones, que poseerán como función exclusiva la implementación y administración del sistema educativo, crearan una figura laboral exclusiva al mundo educativo. La desmunicipalización del sistema, unifica a los trabajadores de la educación y amplia, considerablemente, los trabajadores dependientes por corporación local, lo que contrasta con los inexistentes niveles de participación que poseerán los trabajadores dentro de esta nueva estructura organizativa.
Mas allá de la descripción en sí del proyecto de ley, considero que dentro de este nuevo marco, debemos ser capaces de observar los desafíos que se nos platean a los trabajadores de la educación. Dentro de este marco, considero que se nos plantea una contradicción a solucionar: Si bien ha aumentado la movilización social, bajo el alero de determinadas estructuras gremiales, los niveles de organización social no se han mantenido en el tiempo. ¿Crisis de representatividad? Claramente. ¿Bases sociales 100% capaces de crean nuevas estructuras orgánicas, sólidas y con perspectivas a corto, mediano y largo plazo? ...
Es decir, la posibilidad de superar esta “crisis de participación”, sin duda que pasa por un tema orgánico, las bases deben ser capaces de construir nuevas alternativas centradas en su participación y su poder de acción. Sin embargo, creo que la posibilidad de superar la problemática esbozada también pasa por un tema político, ya que se necesario ampliar la base social como un objetivo táctico pero por sobretodo político. La posibilidad de generar avances en materia educativa esta estrictamente unido a la generación de un movimiento que se plantee desde los trabajadores de la educación, y no sólo desde los docentes, que represente sus intereses y esperanzas y que por lo tanto cree una estructura organizativa inclusiva, transversal y de base.
Sin duda que el avance legislativo propuesto por el oficialismo puede tener mayores consecuencias que las aquí planteadas, especialmente porque el proyecto sólo ha sido presentado frente al congreso y la discusión aún no se ha centrado en él. Es posible que muchas de las indicaciones del nuevo proyecto de ley no sean aprobadas. Las comunas más ricas del país no ven con buenos ojos la posibilidad de desmunicipalizar la educación y ejercerán presión para que las modificaciones no se lleven a cabo, sin embargo, lo que se vislumbra con claridad es la tarea de organizar a los distintos sectores del mundo educativo en propuestas que nazcan desde sus necesidades, desde la confluencia de las distintas sensibilidades que buscan avanzar en propuestas que prioricen la regeneración de los quienes por años hemos sido sólo datos más de la desigualdad educativa.
Javier Insunza.
Docente, Corporación de educación y salud de Ñuñoa.
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