Política Educacional
Agenda en Educación: sin contrapeso, avanza el mercado.
A principios de agosto, se anunciaba por los medios que a partir del próximo año los estudiantes que obtuvieran sobre 600 puntos en la PSU y que optaran por las Pedagogías obtendrían sendas becas que les asegurarían la educación superior, incentivando así a estudiantes de puntajes superiores hacia este campo. Ésta y otras medidas tomadas por la nueva administración resp
onden a las orientaciones y consejos extraídos del documento emanado por un denominado “panel de expertos” que determinó, siguiendo criterios conocidos solo por las cumbres del poder, cuáles eran los posibles cambios en educación. Este documento remite a tres ejes: formación inicial docente, carrera profesional y rol de los directores, lo cual revisaremos en estas páginas, no sin realizar observaciones críticas, pues como ha sido la costumbre desde hace bastante tiempo ya, nuevamente estaremos sometidos a políticas de mercado. A continuación un resumen de las medidas.
Formación inicial
El informe parte de la base que se ha “experimentado una expansión de la oferta de
carreras de pedagogía, sin que se haya puesto atención en la calidad de dichos programas ni tampoco en el reclutamiento de jóvenes más preparados para tan decisivos estudios”, omitiendo lo que es sumamente evidente, que la expansión de la oferta obedece a la desregulación y mercantilización fomentada por ellos mismos (nos referimos a estos “expertos”) desde sus diferentes posiciones, universidades privadas, gobierno o “think tanks”.
En la misma senda que la prueba INICIA (que establece estándares de la formación docente) proponen la instalación de un examen de habilitación obligatorio para todos los egresados de pedagogía, cuyos desempeños serán públicos y considerados en el proceso de acreditación. Para los alumnos que reprueben el examen, la institución deberá necesariamente hacerse cargo de la nivelación de sus egresados para rendirlo nuevamente.
Al mismo tiempo, se proponen medidas para las carreras de pedagogías. Se h
abló de realizar cambios curriculares de acuerdo a estándares obligatorios definidos por el MINEDUC y el CNE. Al mismo tiempo, en caso de que las carreras obtengan una acreditación inferior a cuatro años, no podrán obtener beneficios económicos del Estado para sus estudiantes. Si ocurre por segunda vez, no podrá aceptar nuevos estudiantes de pedagogía. Si ocurre por tercera vez de deberá cerrar la carrera de pedagogía. En caso de obtener más de 4 años, las instituciones obtendrán financiamiento para la renovación de las plantas docentes.
En el panel se habla además de canalizar recursos para consolidar redes de escuelas, liceos y colegios como “campos de práctica profesional”, para estimular el contacto con el aula desde el ini
cio de su formación.
Carrera docente
Las propuestas en esta materia abarcan tres temas: mecanismos de atracción hacia el estudio de la pedagogía, mejoras en remuneraciones y evaluación docente.
En cuanto a los incentivos para estudiar pedagogía lo que más llama la atención es la
beca, que cubriría solo el arancel de referencia de las carreras de pedagogía de los estudiantes de más de 600 puntos en la PSU (por lo tanto de todos modos habría que pagar, pues el arancel real siempre es mayor). También se contempla que este beneficio se logre por medio de otras exigencias, como ranking de notas que prediga rendimiento en la carrera, siempre que el estudiante acceda a una carrera que exija un puntaje mínimo de 500 puntos o más y esté acreditada por, al menos, cuatro años. La idea es que luego
de salir de la carrera, en retribución ejerzan por un tiempo como profesores en establecimientos subvencionados. En caso de que este compromiso no se cumpla, los beneficiados tendrán que devolver el dinero al Estado. También se promueve un apoyo adicional a los estudiantes de más de 700 puntos o aquellos que ingresen a disciplinas con más escasez objetiva de docentes (matemáticas, química, física e inglés), sujeto a los mismos requisitos.
En lo salarial, se propone una nueva remuneración mínima que estaría segmentada en función de la calificación obtenida en la evaluación docente. Habría tres rangos (llamados “perfiles remuneracionales”) que definiría el propio MINEDUC, pero se deja la libertad a los sostenedores para que en función de sus propios métodos de evaluación, establezcan perfiles y recompensas adicionales. La nueva remuneración mín
ima sería válida tanto para los establecimientos públicos como particulares subvencionados, que implicaría, para una jornada de 44 horas, subir entre un 26 y un 55 por ciento lo ganado inicialmente por quienes en el futuro ingresen a la carrera docente. Se busca acercar a los profesores a lo que ganan otros pr
ofesionales en el sector público. Pero a diferencia de ellos, esto solo sería posible para algunos profesores, y mediante el cumplimiento de severas exigencias, como la aprobación del examen de habilitación mencionado en el eje anterior, que tengan la trayectoria y la máxima calificación en la evaluación docente. La brecha salarial, con estos criterios (por lo tanto, solo para algunos) debería cerrarse gradualmente en un pla
zo de diez años. La nueva estructura de remuneraciones podría permitir, también para algunos profesores, además, asignaciones adicionales a los que se desempeñen en zonas más aisladas, en establecimientos vulnerables o de disciplinas con menos docentes, como matemáticas o ciencias.
En cuanto a la evaluación docente, se propone el tránsito hacia la descentralización. Ahora cada sostenedor desarrollará su propio sistema de evaluación docente, la que permitirá calificar a los docen
tes en los perfiles antes mencionados. La evaluación será aplicada por los directores de los distintos establecimientos con la autorización del sostenedor. El mismo marco se utilizará para las asignaciones complementarias de rentas que se decidan. Esta evaluación deberá ser también el criterio fundamental para definir la continuidad de los profesores.
Para llegar a este tipo de evaluación descentralizada se plantea, en primer lugar, que debe fortalecerse profesionalmente a los sostenedores y asegurarse la llegada de directores preparados y exigentemente seleccionados a los establecimientos públicos, en segundo término, que deben existir procedimientos y modos de aplicación acreditados ante la Agencia de Calidad de la Educación, y por último, que debe mantenerse un instrumento externo informativo que sirva como ancla de ese proceso y que garantice una esp
ecie de “estándar de calidad”, permitiendo alguna comparabilidad de los resultados de cada sostenedor.
Rol de los directores, equipos y sostenedores.
El panel señala como otras de las prioridades darles más atribuciones a los directores
y equipos directivos, darles más autonomía en la administración, mayores facultades para redefinir su equipo directivo y en el manejo de sus “recursos humanos”, es decir, permitiéndoles seleccionar, evaluar, fijar remuneraciones y desvincular, así como también, de decidir sobre la capacitación de sus docentes en acuerdo con ellos y siempre con la autorización del sostenedor. Particularmente grave es la recomendación en dirección a permitir que los sostenedores públicos, previa recomendación y evaluación fundada del director de un establecimiento, puedan poner término de modo extraordinario a la relación contractual con un docente (pagando las indemnizaciones que correspondan) mientras permanezca la evaluación centralizada.
Mejorar significativamente el salario de los directores y del equipo directivo, aumentar la transpare
ncia de los concursos de selección de estos cargos (el concurso será definido por el sostenedor), y sacarlos de la carrera docente (contratación bajo Código del Trabajo). Esto en función de que su relación contractual se base en la firma de un convenio de desempeño que establecerá las metas que el sostenedor ha definido para los cinco años de gestión del director. El convenio establecerá, además, reconocimientos y eventuales sanciones de acuerdo al grado de cumplimiento de las metas. Se rendirá cuenta anualmente de la satisfacción de este convenio.
Se espera que exista una nueva generación de directores, quienes serían responsables, con su liderazgo, de cambiar la cultura escolar. Para sostener estos cambios, además de las mayores atribuciones, se promueve la licitación internacional de un programa de formación de directores.
Al mismo tiempo, se sostiene la necesidad de darle más atribuciones a los sostenedores en la selección, contratación y desvinculación de los directores. Aconsejan facilitar en la desvinculación de los directores mal evaluados (en base al convenio de desempeño), y también se propone terminar con la obligación de los sostenedores de reubicar a quien haya ingresado a un cargo de director. Así se generará mayor movilidad en los cargos y se instalará un grupo de “directores profesionales” que se irán moviendo entre distintos cargos directivos.
Algunas miradas críticas al “panel de expertos”
Continuando una de las lógicas de los gobiernos anteriores, la instancia del “panel de expertos”, nuevamente excluye a los principales actores involucrados en asuntos educativos. Su composición, por lo demás, genera dudas respecto a la legitimidad de los convocados y su capacidad de interpretar las demandas sociales en educación. Pues como sabemos, los problemas en esta área no se reducen a cuestiones de orden técnico sino esencialmente a consideraciones profundas sobre cómo revertir la inequidad estructural que reproduce el sistema educacional chileno.
Las propuestas de este panel de expertos se pueden resumir en palabras que están más ligadas al mundo de la producción que al de la educación; si bien es necesario contar con indicadores que nos permitan evaluar el quehacer pedagógico, éstos no pueden ser la base de ninguna mejora sustancial. Por ello, palabras que se repiten a través de las recomendaciones de este informe como desempeño, incentivo, estímulo, etc., difícilmente podrán dar luces a los problemas profundos del sistema educacional chileno.
Cómo se posicionó el Colegio de Profesores
La propuesta de Carrera Docente presentada por el Panel de Expertos es consi
derada por el Colegio de Profesores como una carrera con criterios economicistas. El Presidente del Colegio de Profesores; Jaime Gajardo, criticó el carácter de estos anuncios, pues no van orientado a mejorar la educación ni la situación del profesorado a nivel nacional. En ese sentido, Gajardo señaló que los maestros son “absolutamente contrarios a estas propuestas entregadas por el panel de expertos, pues tienen un carácter meramente economicista. Todas estas medidas apuntan a quitarle derechos a los maestros y sólo ayudarán a pauperizar el trabajo docente”.
Para Jaime Gajardo, estas propuestas no tienen la visión integral del país, siendo id
eas poco representativas, ya que cuando se conformó este panel de expertos, el colegio de profesores pidió participar, para que estuviera la voz de los docentes. Sin embargo, eso no prosperó.
Para el Magisterio, la poca validez del documento entregado por este “panel” es coherente a con su conformación misma, pues la gran mayoría de sus integrantes son quienes han direccionado las políticas educacionales que mantienen al sistema en una profunda crisis.
“A este panel le hemos llamado el panel de los culpables, pues ahí están todos los apologistas de este sistema, como Mariana Aylwin, Sergio Molina, quienes han diseñados todas estas políticas educacionales. Aquí también están los empresarios de la educación, como Patricia Matte. En este panel tam
bién está el alcalde de La Pintana, Jaime Pavez, quien tiene como esposa a la dueña de 3 o 4 colegios. Eso no parece inconcebible”, criticó el Presidente Nacional del Magisterio.
La opinión del Observatorio de políticas educativas OPECH
Para este organismo, si la conformación del Consejo Asesor de la Educación en 2006 ya había sido criticada por la presencia excesiva de tecnócratas por sobre representantes del mundo social, el panel de “técnicos” (o expertos) convocado por Joaquín Lavín es la cúspide de la tecnocracia. Dicho panel cuenta con la presencia de destacables “expertos” como los alcaldes Pablo Zalaquett y Jaime Pavéz, además de eximios representantes de la Concertación y la derecha, como Mariana Aylwin, Sergio Molina, Haral
d Beyer, J. J. Brunner y Patricia Matte. Además del rector de una Universidad privada de las más elitistas del país, la Universidad Católica de Chile, donde más del 70% de la matrícula proviene de Colegios Particular-Pagados. No participa ningún ex rector de Universidad estatal, así como ningún dirigente social.
En lo que respecta a la carrera docente. Entendiendo que la formación de profesores es un elemento central para mejorar el sistema educativo, los “expertos” parecen reconocer que uno de los problemas más graves está en la mala calidad de dicha formación. Pero en vez de atacar el fondo del asunto y hacerse cargo del origen de ella, nuevamente se ataca el mal con la receta parche: sanciones flexibles, prue
bas estandarizadas, que no tocan el caos (“libertad de emprendimiento”, dirían ellos) en la creación y desarrollo de carreras pedagógicas.
La evidencia internacional demuestra que cuando se establece una política nacional, de carácter integral, que involucre un Estado protagónico y el concurso de la ciudadanía, el rol del profesor se valoriza y su calidad profesional crece sustancialmente. En cambio, bajo la lógica actua
l, se siguen reproduciendo las malas condiciones laborales, la desvalorización social del pedagogo, una formación volcada al mercado, etc.
Peor aún, la propuesta de becar a los buenos puntajes y de subir los puntajes PSU de corte implica convencer a los sectores socioeconómicos altos (que son quiénes concentran los altos puntajes PSU) de estudiar pedagogía, a través de incentivos económicos que no necesitan y que podrían ser destinados a sectores populares para su ingreso a la educación superior. En este caso, su porfía es más evidente: reconociendo que es necesario cambiar la formación docente, en vez de transformarla de raíz y darle una orientación pública, se cree que con dos o tres retoques y castigos es suficiente.
Este Panel de expertos responde a la necesidad de una nueva agenda
en educación del gobierno de Piñera, destinada a implementar reformas que supuestamente nos llevarían a niveles comparables con países desarrollados y a disminuir la brecha entre estudiantes de distinto origen socioeconómico. Orientados por la óptica reduccionista instalada por los tecnócratas del Centro de Estudios Públicos y de Libertad y Desarrollo, que afirma que jóvenes con mayor puntaje PSU serán mejores profesores, y que necesariamente esto traería como consecuencia una “formación de calidad” se aborda el tema de la formación inicial docente. Curiosamente, también hablan que las reformas deben ser realizadas con la participación de todos los actores, pero ellos ya definieron todas las medidas y los caminos a seguir ¿de qué participación nos hablan?
El Financiamiento
Respecto del financiamiento de éstas u otras medidas, pues es claro que implican un aumento de los costos en la provisión de educación, el Panel definió que existe un acuerdo relativamente transversal en el país respecto de la necesidad de seguir aumentando “la inversión” en educación escolar. Particularmente, se aconsejó el aumento de las subvenciones, y que parte de este aumento debería destinarse
a mejorar las condiciones laborales de los docentes. Una prioridad debería ser revisar los valores de la subvención preferencial para el segundo ciclo de la educación básica y extenderla a la media.
Estos son los supuestos expertos
